Refundación (II)

Tal y como se desprende del título, esta entrada es continuación del artículo que publiqué el pasado 29 de noviembre en el diario La Rioja sobre la necesaria refundación del PSOE. La razón por la que publico esta segunda parte es la aparición del documento titulado "Mucho PSOE por hacer", que ha sido firmado por diferentes afiliados socialistas, así como de la página web vinculada al manifiesto.

Más allá de lo afortunado que pueda ser su título, poco impactante a mi modo de ver, su contenido tiene interés desde la perspectiva del necesario debate previo al congreso federal en el que, entre otras cosas, habrá que elegir al nuevo secretario general del PSOE. Así, el escrito está articulado en nueve apartados y veinticinco párrafos en los que se tratan diferentes asuntos vinculados a la "Contribución abierta al debate en el socialismo español", tal es el subtítulo del texto.

Ya que el autor de esta primera evaluación del documento es historiador, llama la atención que en el primer apartado se aluda a la "Transición" con "T" mayúscula, lo que contribuye obviamente a su deificación y cosificación. Error. La transición es un proceso histórico, no un periodo ni un tótem. Lo que, sin embargo, no es una equivocación es el peligro anunciado de que la derecha pueda aglutinar tal poder político, económico y mediático que la mayoría electoral se convierta en una mayoría social, pues indudablemente ahora la mayoría absoluta del PP no es una mayoría absoluta social.

Evidentemente hay que reivindicar los "logros" alcanzados en las dos últimas legislaturas, en esta segunda época socialista liderada por J. L. Rodríguez Zapatero, pero en estos momentos hay que hacer una mayor autocrítica de la que, creo, se realiza en el documento. Así, los autores no reparan en que el exceso discursivo en la igualdad de género ha terminado tapando otras igualdades tradicionales de la socialdemocracia: desde la social a la de oportunidades. Esto hay que corregirlo en el futuro previsible.

Respecto a la sempiterna crisis y su gestión, también habría que hacer hincapié en los errores de política económica en los que se incurrió durante la primera legislatura de Zapatero, pues, como se suele decir vulgarmente, de aquellos polvos, estos lodos. En esta misma línea, habría que preguntarse: ¿por qué no se  ha luchado con mayor ahínco contra el fraude fiscal? ¿Por qué no se ha hecho una "política progresista de ingresos", ahora planteada? ¿Por qué no se ha aplicado una mayor "energía para poner freno a los poderes no democráticos", que también se propone para el futuro inmediato?

Desde otra perspectiva, las referencias a la "diversidad" de España son demasiado pobres. En especial porque en el párrafo correspondiente hay un olvido de los municipios, de las identidades locales que sirven de contrapeso a las identidades regionales o nacionalistas, lo que no es de extrañar, pues los ayuntamientos han sido olvidados en parte durante estos últimos ocho años, tanto desde la perspectiva de la nueva regulación de sus competencias como de su financiación. Asimismo, ¿no habría que enfatizar más el internacionalismo y cosmopolitismo de la socialdemocracia? Y, por lo que se refiere a la base de todo, los individuos, ¿no habría que abundar en la idea de su autogobierno y autodesarrollo solidario?

Desde el ángulo de la participación interna, estoy de acuerdo en que hay que favorecerla, pero, sobre todo, abriendo, oxigenando, el PSOE a simpatizantes y votantes. Esto es fundamental: el PSOE no es de sus afiliados, sino de éstos, sus amigos políticos y sus electores. Y también es básico que haya una auténtica "rendición de cuentas". La falta de responsabilidad política no afecta sólo a los individuos, sino que se proyecta negativamente sobre todo el partido, sus simpatizantes y sus votantes. La calidad de la democracia no se puede predicar sólo hacia afuera del partido, sino también hacia dentro.

La "preservación" y "mejora" que se hace del Estado del Bienestar es un tanto defensiva. Al contrario, hay que proponer un incremento del mismo que permita generar puestos de trabajo para al menos parte de los actuales desempleados. La salida progresista a la crisis se realiza con más Estado del Bienestar, no con el mismo que tenemos en estos momentos ni con el Estado asistencial que irá introduciendo poco a poco la derecha.

Para concluir, el novísimo PSOE tendrá que ser más democrático y más social. Por lo que se refiere a lo primero tiene que ser un abanderado de verdad de la calidad democrática, estableciendo, por ejemplo, una limitación de mandatos de ocho años, y en lo que respecta a lo segundo tiene que hacer ondear la bandera de un Estado radicalmente social.

La Biblioteca Rafael Azcona no arranca

Hace unos días D. Eduardo Gómez escribía en su sección “A pie de calle” que había quedado “muy bien” la plaza creada en la parte de atrás de lo que “será la Biblioteca Rafael Azcona, pues mientras no se inaugure, no lo es todavía” (La Rioja, 15/10/2011, p. 18). Comparto la primera parte de su afirmación, pues efectivamente dicha plaza ha supuesto una mejora objetiva para el barrio, aunque al columnista le faltó añadir, seguramente por razones de espacio, que esta obra ha sido realizada gracias a la labor del gobierno municipal presidido por Tomás Santos y que, no por casualidad, no ha sido inaugurada por la nueva alcaldesa. Y digo que no por casualidad porque también ha habido otros logros debidos a la gestión de la anterior corporación municipal, como por ejemplo las escuelas infantiles de El Arco y El Cubo, que tampoco han merecido dicho honor, pasando su apertura totalmente desapercibida ante los medios de comunicación y opinión pública.

Sin embargo, disiento con la segunda parte de la aseveración del Sr. Gómez, pues la Biblioteca Rafael Azcona ya es una realidad, aunque todavía no ha sido inaugurada como es bien sabido. Y sostengo que es una realidad porque, como recordarán los lectores, dicha obra se terminó en marzo de este año, por lo que mucho nos tememos que, en el mejor de los casos, su apertura se retrasará más de un año en relación con dicha fecha de referencia.

La Biblioteca Rafael Azcona es una obra de ciudad, pues en su diseño y realización han estado implicadas varias administraciones municipales: desde la liderada por D. Julio Revuelta, que ideó para el viejo colegio Gonzalo de Berceo un centro cívico-cultural, hasta la presidida por Tomás Santos, que transformó dicho proyecto en una biblioteca municipal, puesto que la Ley de Bases de Régimen Local obligaba desde mediados de los ochenta a todos los Ayuntamientos a que tuvieran una biblioteca municipal. En este sentido, hay que subrayar que Logroño era junto con Soria y Segovia las únicas tres capitales de provincia que no tenían una biblioteca propia.

Dentro del largo proceso conducente a la construcción de la Biblioteca Rafael Azcona habría que recordar como un hito el pleno del Ayuntamiento de 6 de mayo de 2010 en el que todos los grupos municipales (el socialista, el riojano y el popular) votaron unánimemente a favor de la aprobación de la Memoria para la creación del Servicio de Biblioteca Municipal de Logroño en la que sucintamente se dibujaban las características de una auténtica biblioteca del siglo XXI.

Desgraciadamente, desde el 11 de junio la actual corporación no se ha destacado precisamente por dar nuevos pasos dentro de este proceso que estamos describiendo someramente. Más bien al contrario, en el pleno de julio de este año, se aprobó con nuestra oposición expresa la baja de una partida de 270.000 € prevista para contratar la empresa de servicios que habrá de gestionar la biblioteca; a lo largo del mes de agosto varios miembros del equipo de gobierno se han dedicado a buscar todo tipo de excusas para justificar la paralización de la apertura de este centro cultural; y todavía no se sabe qué va a hacer la señora Gamarra con los 280.000 € que tiene presupuestados para comprar equipamiento informático y técnico ni con los 150.000 que también tiene en el presupuesto de este año para comprar libros.

Como titulaba doblemente hace unas fechas un medio de comunicación: “Gamarra se desinfla” o, mejor aún desde la perspectiva del tema que nos ocupa, “Cuca Gamarra no arranca”. Y, desgraciadamente, la Biblioteca municipal tampoco.

La descatolización de España

El pasado día 7 de agosto se publicó un interesante artículo en un medio de comunicación de ámbito nacional titulado “España es menos católica”. Basándose en los estudios del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), en este texto se analizaba en particular la evolución de las creencias religiosas de los españoles en los últimos doce años, es decir, desde el 2000 hasta el 2011. Así, los católicos han bajado ni más ni menos que 11,4 puntos entre las dos fechas indicadas, mientras que los no creyentes han subido 7,9 puntos que sumados a los ateos, no cuantificados en este artículo, explicarían el descenso del número de católicos.


Sin embargo, la descatolización de España no sólo se refleja en estos datos, sino en otros aportados por el artículo. Así, del 71,7% de ciudadanos que se consideran católicos, sólo lo son “como Dios manda” un 15,7%, cifra que es la suma de los que van a misa varias veces a la semana o como mínimo casi todos los domingos. Ello pone de manifiesto que hay una creciente brecha entre las creencias y las prácticas religiosas, aunque a mi modo de ver la realidad es mucho más compleja, pues este dato podría revelar que las creencias religiosas de buena parte de los católicos son en gran medida superficiales e incluso residuales.


Desde otra perspectiva dicho 71,7% de católicos está representado sobre todo por los mayores de 65 años, de los cuales el 90,8% se confiesa creyente en esta religión, y va bajando progresivamente hasta la franja de los 18-24 años, de los cuales sólo el 56,8% dice que es católico. No obstante, habría que precisar que la franja menos católica de todas es la de los 25-34 años, cuyo porcentaje es del 54,2%. Desde una perspectiva histórica estos datos parecen lógicos, puesto que los más mayores son los que sufrieron un mayor adoctrinamiento por parte del nacional-catolicismo franquista, las generaciones siguientes fueron educadas en buena medida bajo el espíritu del Concilio Vaticano II y los más jóvenes han nacido después de la muerte de Franco.


Para no alargarnos más, habría que subrayar, asimismo, que hay una cierta correspondencia entre el nivel de estudios y la religiosidad, de forma que son más creyentes los que no tienen estudios que los que gozan de estudios superiores, como también la hay entre urbanización y religiosidad, pues en líneas generales los habitantes de las ciudades son menos creyentes que los de los pueblos.


De todas formas, habría que agregar que el proceso de secularización de la sociedad española no es nuevo, sino consustancial a las distintas oleadas modernizadoras que ha experimentado como poco a lo largo de los últimos cien años, que sólo se vieron interrumpidas por el golpe de Estado de 1936, la subsiguiente guerra civil y la autarquía de los años cuarenta y parte de los cincuenta con su ya citado correlato de nacional-catolicismo. La senda modernizadora y el cambio social subsiguiente prosiguieron desde los sesenta y llegan hasta nuestros días. Es más, si a lo largo de las próximas décadas la regresión del número de católicos siguiera la misma tendencia de los primeros años del siglo XXI, se podría colegir que hacia 2080 España dejaría de ser católica, cumpliéndose de esta manera la famosa sentencia azañista de principios de los años treinta de la centuria pasada.


Más allá de que se cumplan estos vaticinios o no que no lo van a hacer en su literalidad, pues la historia no es lineal, lo que sí que es cierto es que a día de hoy habría que exigir a las administraciones públicas que tuvieran en cuenta lo que dice la Constitución respecto a la libertad religiosa. En efecto, su artículo 16.3 reza que “Ninguna confesión tendrá carácter estatal” o, dicho a la inversa, que el Estado (incluyendo las CCAA y los ayuntamientos) no es confesional y, lo que es un tanto irónico visto desde el año 2011, que “Los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española…”. Dado que las creencias de ahora no son las mismas que las de 1978 y que los no creyentes y ateos son más que los católicos practicantes, es hora ya de que todas las administraciones gobiernen también para los no que creen en el “amigo invisible”, como diría el polifacético y procaz Bill Maher.


(Publicado en La Rioja el 17 de agosto de 2011, p. 18)

(In)cultura

La política (in)cultural del PP en el Ayuntamiento de Logroño ha empezado con mal pie. A la ausencia de cualquier referencia de la alcaldesa-en-teoría a la cultura en su discurso de investidura, a la separación de las áreas de Educación y Cultura en dos concejalías distintas, a la extraña mezcla de áreas como Cultura y Comercio en una misma edilidad y a la más que previsible supresión de la Dirección General de Cultura y Educación, que era la clave de la bóveda de todo el entramado funcionarial de estas áreas en el Ayuntamiento de Logroño, se han unido las declaraciones realizadas por la responsable de la variopinta concejalía de Comercio, Cultura y Turismo el día 1 de julio en este mismo medio de comunicación.

Así, la nueva concejala de (In)cultura decía respecto a la Biblioteca Rafael Azcona que era lo primero que se iba a decidir, añadiendo a continuación lo siguiente: “Aún queda por ver una serie de cuestiones complicadas y desatascar algunos elementos formales para ver cómo se pone en marcha. El resto está totalmente en el aire. Tampoco se puede decidir en dos días”. A lo que agregaba: “Para San Mateo no estará. Hay que hacer las cosas, pero bien. Si criticábamos que se actuaba por impulsos...”. Frente a estas palabras, que suenan a mera excusa, hay que dejar muy claro que en este asunto la anterior corporación no actuó a salto de mata, sino de una forma absolutamente planificada, pues el proyecto de la Biblioteca Rafael Azcona nació hace cuatro años, justo después de que tuvieran lugar las anteriores elecciones y que, una vez que se celebraron las de 22 de mayo, se les pasó a los nuevos responsables un informe en el que se detallaban todas estas actuaciones que no podemos mencionar aquí por razones de espacio, siendo la previsión que la biblioteca pudiera abrir sus puertas justo después de San Mateo, en contra de lo que daba a entender ahora la nueva concejala.

Respecto a los demás centros culturales (Centro de la Cultura Tradicional, Casa Museo, Centro de la Cultura del Rioja, Muralla del Revellín), la nueva concejala lo único que hacía era echar balones fuera (“Es un poco complicado porque son muchos continentes sin contenido”), como si ahora no fuera la responsable de su gestión, que para eso está. “En alguno se ha definido algo, en otros nada, hay ya personal contratado y ahí está el gran reto de ver qué se hace con todo eso porque, sin haber ninguna previsión ni presupuestaria, ni de programa, ni de equipamiento, ni de nada, así, de momento, es inviable. Se ha actuado de forma irresponsable y ahora tocará poner orden. No está definido qué va a pasar con todo y hay que tomar una decisión de conjunto. No se puede dar una solución uno a uno”, añadía poniéndose la venda antes que la herida.

A la inversa, en el Centro de la Cultura Tradicional se estaba realizando ya un proyecto de gestión que contaba con su propio presupuesto a añadir al de amueblamiento; la Casa Museo también tenía dotación económica para amueblarla; el Centro de la Cultura del Rioja tenía presupuestado su proyecto museológico y definido un modelo de gestión público-privado; la Muralla del Revellín está en pleno funcionamiento desde hace ya un tiempo; y, por citar un último caso, en la Casa de las Ciencias, de la que no decía nada, está a punto de finalizarse el nuevo Centro de Documentación. Es decir, lo que tiene que hacer el nuevo equipo municipal es desarrollar los proyectos que ya están en marcha –algunos de ellos, simplemente concluirlos– y definir un modelo de gestión para los que no están terminados y que todavía carecen de dicho modelo. Todo lo demás son excusas de mal gestor.

Por último, cabría decir que, curiosamente y tal vez como reflejo de lo que ocurrió en 1995 cuando el nuevo Ayuntamiento popular metió en un cajón un proyecto que había sobre la recuperación del Monte Cantabria, la nueva concejala de (In)cultura olvidaba mencionar en su entrevista este enclave fundamental para la ciudad de Logroño. Volvemos al pasado, esto es, a la cultura como mero ornato y no como política estratégica para una gran ciudad como es la nuestra.


(Publicado en La Rioja el 19 de julio de 2011, p. 18)

Por una democracia más democrática

¿Entraña el título de este artículo un pleonasmo? A mi juicio, no, pues la democracia no es un sistema político estático que se alcanza en un momento histórico determinado y que luego no progresa ya nunca más, sino que, por el contrario, el gobierno de los ciudadanos –mejor que del pueblo, pues este concepto no deja de ser una entelequia– es una búsqueda continua de su calidad. La democracia es un continuo hacerse, no es un fin en sí mismo, es un camino.

El debate sobre la calidad de la democracia en general o sobre el carácter incompleto de la nuestra en particular no es nuevo, sino que a nivel mundial es consustancial a dicha idea desde su surgimiento hasta la actualidad y en el caso español tiene uno de sus hitos más cercanos, al menos desde una perspectiva intelectual, en el año 2002, fecha en la cual dos renombrados científicos-sociales (José Félix Tezanos y Vicenç Navarro) publicaron sendos libros que coincidían en una parte de sus títulos respectivos: la democracia española era una “democracia incompleta” sostenían ambos. El hecho de que los dos textos se editaran a mediados de la segunda legislatura de Aznar no es casual, pues es sabido que el entonces presidente del Gobierno vivía en la nube hipnótica de la mayoría absoluta obtenida en las elecciones generales de 2000. Parafraseando mordazmente unas palabras pronunciadas por él hace pocas fechas, la democracia parecía ser para Aznar una pérdida de tiempo.

Desde el 15 de mayo de este año, este debate ha vuelto a resurgir, promovido por un variopinto movimiento social cual es el de los “indignados”. Ciertamente, hay algunas afirmaciones hechas por algunos de sus miembros o portavoces reales o supuestos que merecen una severa crítica desde la nefanda “clase política”. Así, la identificación sin matices entre todos los “políticos” y la corrupción; la identificación abusiva entre el PP y el PSOE (el “PPSOE” o el “PPOE”), que habrían conformado una supuesta y abracadabrante “dictadura bipartita”; la calificación implícita de nuestra democracia como una democracia irreal frente a la que se alzaría la “democracia real” (¿sucedáneo del socialismo real, si se me permite la maldad?); y otra serie de simplezas que no dan para mucho en un debate serio entre unos políticos y otros, pues, ¿acaso los “quincemayistas” no hacen política? ¿O es que no se dan cuenta de ello?

A la inversa, algunas de sus proclamas a favor de una democracia de mayor calidad, por utilizar un término más académico que el de “real”, merecen de toda consideración: así, la reforma del sistema electoral para que sea más democrático, es decir, para que responda al principio de un hombre, un voto o, dicho con otras palabras más técnicas, para que sea fiel reflejo del principio sacrosanto en cualquier democracia cual es el de la igualdad política; el establecimiento de un límite máximo de ocho años a los que ostentan cargos políticos u orgánicos, que una vez más sería producto de la traslación a este ámbito de la igualdad política; el adelantamiento de la edad para poder votar a los 16 años, lo cual tiene una clara lógica histórica, si se repasa la evolución a lo largo de la contemporaneidad de los sistemas primero liberales y luego democráticos; una separación más nítida de los tres poderes clásicos de la democracia –ejecutivo, legislativo y judicial–, lo que, por supuesto, debería conllevar una mayor democratización de alguno de estos poderes; dar un papel mayor a la democracia directa frente a la representativa, lo que, sin embargo, implicaría resolver el problema de la articulación de ambas en un mismo sistema político; etcétera.

Para concluir, creo que desde posiciones progresistas, no sólo socialdemócratas, hay que iniciar un diálogo con este nuevo movimiento social para que entre todos podamos avanzar en la consecución de una democracia más democrática.


(Publicado en La Rioja el 31 de julio de 2011, p. 26)

Ni educación ni cultura

La nueva estructura del Ayuntamiento de Logroño que ha presentado hoy mismo la nueva alcaldesa de Logroño, Cuca Gamarra, no puede ser más decepcionante, pues establece lo que en apariencia son sólo ocho áreas, aunque en la práctica son más. En efecto, hay cuatro áreas que a su vez tendrán "delegaciones" (seis en total), con lo que el número total de áreas es de hecho de 14, en vez de las ocho teóricas. 

Por otro lado, el nombramiento como presidente del pleno de un concejal que durante sus cuatro años en la oposición se ha caracterizado por sus clamorosos silencios nos anuncia que durante este mandato bien podría representar el papel de "gran mudo" al frente de un órgano tan importante del Ayuntamiento capitalino.

Por lo que se refiere a algunas de las nuevas áreas, creo que hay que criticar severísimamente el hecho de que se separen dos áreas que están unidas en múltiples instituciones, Gobierno de La Rioja por ejemplo, como son las de Educación y Cultura, que hasta ahora constituían una concejalía delegada. Pero es más, la primera está incluida dentro de un popurrí de área como es "Familia y política social", lo que evidencia la importancia que el cuquismo va a dar a la Educación durante los próximos años: ninguna. Además, su responsable, Paloma Corres, no tiene ninguna experiencia en asuntos educativos, lo que refuerza la idea que acabamos de subrayar. Es más, este énfasis, nada nuevo, del cuquismo en la familia-familia-familia, me recuerda el discurso de antiguos próceres de la derecha y de la extrema derecha, como fueron sin duda y respectivamente José María Gil Robles, líder de la CEDA durante la II República, y el mismísimo Francisco Franco, dictador durante casi cuarenta años.

En cuanto a Cultura, el panorama no puede ser más negro. Separada de Educación, aparece incluida en otra área magmática como es "Comercio, Cultura, Turismo". ¿Qué relación, cabría preguntarse, tiene la Cultura con el Comercio? Para más inri, la nueva concejala de Cultura, Pilar Montes, ya demostró de lo que era capaz durante su efímero paso por la dirección general de Cultura del Gobierno de La Rioja. El nombramiento de esta auténtica Terminator cultural no puede ser más erróneo.

Para concluir esta primera valoración de urgencia del (des)gobierno del cuquismo al frente del Ayuntamiento de Logroño, habría que recordar que el clamoroso silencio de la alcaldesa en su toma de posesión sobre asuntos de Educación y Cultura se ha visto corroborado en una de sus primeras medidas, por lo que mucho nos tememos que sólo es un primer aviso de lo que queda por llegar: la incultura y la mala educación.

Ocho

La historia de la democracia en nuestro país es ciertamente corta. Sólo ha habido dos periodos propiamente democráticos: la II República y el régimen actual, es decir, un total de poco más de 40 años frente al resto del tiempo histórico, dominado por sistemas absolutistas, liberales pero no democráticos, dictatoriales, etc. Por ello, se puede llegar a pensar que la democracia se reduce a la transición de un régimen dictatorial a otro democrático y a su consolidación, omitiendo una especie de tercera fase, difícil de definir en términos temporales, que sería la de la mejora de su calidad.

Dentro de esta etapa, si es que lo es, uno de los aspectos cruciales a mi modo de ver debería ser el establecimiento de una limitación temporal a los distintos mandatos de los representantes de los ciudadanos. Como es bien sabido en los sistemas presidenciales, como es el caso de los Estados Unidos, el jefe del Estado sólo puede estar en el poder ocho años, mientras que en los sistemas parlamentarios -incluido el nuestro- no hay tales limitaciones. Pero deberían existir, porque paradójicamente los máximos dignatarios de los sistemas presidenciales tienen menos poder que los presidentes del gobierno de los sistemas supuestamente parlamentarios. Y más aún en el nuestro, en el que a lo largo de las últimas décadas se ha producido una clara concentración de poder en los presidentes del gobierno, rodeados además de un aura carismática que los hace casi imprescindibles. Tal vez por ello su salida del gobierno suele ser tan traumática, así como el papel que ejercen como ex presidentes que deja en líneas generales bastante que desear. Es el caso, por ejemplo, de Felipe González quien mostró lo peor de sí mismo entre 1996 y 2000 o el de Aznar que al frente de la FAES se dedica desde su salida del poder a pontificar sobre lo divino y lo humano.

No obstante, Aznar sí que hizo una cosa claramente positiva: limitar voluntariamente su mandato a ocho años, lo que desgraciadamente no fue seguido por el actual presidente del Gobierno de La Rioja, quien, pese a que afirmó que sólo estaría en el cargo un lapso de tiempo parecido a su líder, luego se lo pensó mejor como consecuencia de las presiones de su partido. De ahí que ahora lleve dieciséis años en el cargo y aspire a estar otros cuatro más. Veinte años. Dicho precedente es evidente que influirá en la decisión a tomar por José Luis Rodríguez Zapatero, aparte de lo que sean sus convicciones personales y las encuestas de opinión. Sin embargo, este tipo de decisiones no deberían dejarse en una democracia de calidad al arbitrio de la voluntad personal, sino que deberían estar tasadas legalmente. Lo contrario genera inseguridad entre los ciudadanos soberanos.

Pero, ¿cuál es el trasfondo ideológico del necesario establecimiento de una limitación de los mandatos a todos los niveles y en todos los cargos (presidencia del Gobierno, presidencia de las CCAA, alcaldías, etc.)? Pues, el principio de igualdad política. Según éste todos los ciudadanos soberanos son iguales entre sí, a pesar de que en términos meritocráticos sean dispares unos de otros. Sin embargo, si uno de estos ciudadanos, ungido para un cargo por la voluntad de las urnas, está más allá de un tiempo prudencial (ocho años sería la convención actual) en dicho puesto, ello querría decir que dicho ciudadano vale más que los demás, lo que es antagónico con el precepto que acabamos de mencionar. Además, ello evitaría o al menos paliaría que los citados representantes terminaran convirtiéndose en una especie de "dictadores electos", hecho que a su vez sería antagónico con una democracia de calidad.

En conclusión, nuestra democracia tiene que dar pasos decididos hacia una democracia de calidad, si no queremos que termine agostándose como consecuencia de la ausencia de reformas, pues los lectores han de tener muy presente que la historia no es irreversible y la democracia tampoco.

La decisión de Zapatero

El anuncio hecho hoy por el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, de que no va a ser el candidato del PSOE en las elecciones generales de 2012 ha sido a mi juicio sumamente positivo y ello por varias razones:

Primeramente, porque contiene al menos dos elementos que refuerzan la calidad democrática de nuestro país, tan necesitada de ello especialmente en ciertos territorios como el nuestro, La Rioja. En efecto, el hecho de que el mandato de Zapatero se vaya a limitar a ocho años indica que al menos en este aspecto se está consolidando dicha calidad democrática, tras el precedente de José María Aznar. Además, y éste sería el segundo elemento, el sucesor de Zapatero no se va a designar a dedo (el "dedazo") como hizo en su momento Aznar con Mariano Rajoy, sino que se va a realizar a través de un proceso de elecciones primarias. Éstas tendrán lugar después de las elecciones autonómicas y locales del 22 de mayo, de forma que los candidatos del PSOE y los ciudadanos podrán centrarse en los problemas reales de las CCAA y de las ciudades y no en falsas polémicas.

En segundo lugar, la decisión de Zapatero desarma la estrategia del Partido Popular de convertir de forma torticera dichas elecciones autonómicas y locales en un plebiscito sobre el propio presidente del Gobierno. Una vez que éste ha anunciado que no va a repetir, dicha consulta de facto ya no tiene sentido.

En tercero, el presidente del Gobierno ha anunciado que va a seguir gobernando y tomando decisiones hasta el año 2012, de forma que la lucha contra la crisis económica y su salida está garantizada en los próximos meses. Y ello a pesar de que los primeros aliados de la "Gran recesión" han sido los dirigentes del PP que han contribuido notablemente a crear un clima de pesimismo en nuestro país.

En cuarto, la reacción del Partido Popular, basada en la aplicación del viejo principio del doble rasero, pone de manifiesto que la decisión de Zapatero les ha hecho daño en términos políticos. El que el PP pida unas elecciones anticipadas no tiene ni pies ni cabeza. ¿Por qué no se las pidieron a Aznar cuando éste nombró a dedo, como hemos dicho más arriba, a Rajoy? Aznar siguió siendo presidente hasta el fatídico 11-14M y es lógico que Zapatero lo siga siendo hasta la finalización de su mandato, pues tiene legitimidad democrática para ello. Si el PP y Rajoy están en desacuerdo con todo lo anterior que presenten una moción de censura y que dejen de amagar.

En suma, Zapatero continúa un camino iniciado ya por Aznar, es decir, el establecimiento de facto de mandatos de ocho años como mucho para los presidentes del Gobierno. Esta medida cualitativa marcará una impronta para futuros jefes del ejecutivo y es de esperar que sea de aplicación, mejor legalmente, a éstos, a los presidentes de las Comunidades Autónomas (entre ellos, el de la Comunidad Autónoma de La Rioja que va para dieciséis años y todavía quiere serlo otros cuatro más: ¡toda una "dictadura electa"!) y a los alcaldes (recuérdese que el alcalde de Logroño, Tomás Santos, ya ha anunciado que, si obtiene el apoyo de los ciudadanos en las próximas elecciones, sólo estará al frente de la alcaldía ocho años). Como hemos dicho en alguna otra ocasión, en un sistema democrático todos los ciudadanos son iguales en términos políticos y los presidentes del Gobierno, de las Comunidades Autónomas y alcaldes también. Nadie es imprescindible, salvo los propios ciudadanos soberanos.

La revuelta de Revuelta

Una de las noticias más impactantes de esta última semana ha sido la baja del PP de Julio Revuelta, ex alcalde popular de Logroño entre 2000 y 2007, y su fundación de una nueva formación política: Ciudadanos de Logroño, que, por lo menos al día de hoy, da la impresión de que está integrada por él mismo y pocos más. Entre los argumentos utilizados por Revuelta para rebelarse contra el todopoderoso don Pedro Sanz (o "Pedrone" para buena parte de los riojanos) figura su ataque constante a la autonomía del Ayuntamiento de Logroño, así como la discriminación de éste frente a otras localidades riojanas (las regidas, añado yo, por el PP o por formaciones que no sean el PSOE) y su falta de respeto hacia el concejo de la capital de La Rioja, donde viven aproximadamente la mitad de los riojanos.

No creo que estos argumentos debiliten sensiblemente al Sr. Sanz, pero sí a la delegada del Gobierno de La Rioja en el Ayuntamiento de Logroño, esto es, la señora Concepción Gamarra, pues, por una parte, reafirman las críticas hechas por la corporación durante estos últimos cuatro años que en esencia denunciaban la deslealtad de otra administración como es la autonómica hacia el Ayuntamiento capitalino (e incluso hacia el Gobierno de España) y, por otra, dejan en evidencia a la candidata a teniente de alcalde de Logroño en las próximas elecciones (el candidato real es evidentemente don Pedro Sanz), que en ningún momento se ha distanciado ni lo más mínimo de las directrices emanadas del Palacete de Vara del Rey, sede de la presidencia del Gobierno (o cacicato) de La Rioja. Dado que la Sra. Gamarra en ningún momento ha sido autónoma del Sr. Sanz, es previsible que tampoco lo sería si alcanzara la alcaldía formal de Logroño (el alcalde real ya hemos dicho quién sería, si siguiera a su vez como presidente de La Rioja).

Otra de las variables de este caso, de la revolución de Revuelta frente a don Pedro Sanz, es la hipotética incorporación y en qué condiciones del primero a la candidatura del Partido Riojano al Ayuntamiento de Logroño, desplazando incluso del primer lugar de la lista a Ángel Varea, que ha sido la cabeza visible de dicha formación durante los últimos cuatro años e incluso desde muchísimo antes. Un tándem Revuelta-Gómez Ijalba presentaría algunos problemas, puesto que no sería atractivo para un sector del centro-derecha del electorado (el que podría atraer el propio Revuelta a sus filas), pero tampoco lo sería para otro sector del centro-izquierda (el que vería como demasiado escorada hacia la derecha dicha candidatura). Además, dicho tándem carece del perfil popular/populista que ahora tienen los representantes del PR en el Ayuntamiento y, por seguir con los perfiles, los dos serían demasiado parecidos desde diferentes puntos de vista, además de que puede resultar cuando menos chocante que se le ceda el número uno a un enemigo político de toda la vida y ahora un recién llegado al mundo que está más allá del Partido Popular. En suma, una coalición PR-Ciudadanos (o ciudadano) de Logroño es toda una incógnita en términos electorales y sólo las encuestas próximas desvelarán su verdadero impacto.

El notición reafirma sin duda la candidatura de Tomás Santos, pues es la única que es fiable en estos momentos, dominadas las otras dos que acabamos mencionar por el seguidismo de la señora Gamarra respecto al Sr. Sanz y el salto en el vacío del PR que todavía no se sabe si tiene una red o tan sólo una cuerda cuando caiga al suelo de su triple salto mortal con tirabuzón. Al contrario que la primera, Santos ha sabido distanciarse del Gobierno de España cuando estaban en juego los intereses del Ayuntamiento de Logroño y de sus propios ciudadanos y, frente a los segundos, no ha hecho juegos circenses a la hora de elaborar la candidatura del PSOE al Ayuntamiento de Logroño.

En todo caso, la revuelta de Revuelta anuncia el fin de la era Sanz, que tal vez no tenga lugar a corto plazo, pero sí y con seguridad a medio, pues desde el momento en el que los ciudadanos dejan de tener miedo al miedo, como aconsejaba F. D. Roosevelt, éstos recuperan su libertad y la libertad, ya se sabe, es irrefrenable e imbatible.

Sobre el Estado autonómico

Gracias a unas declaraciones del sin par ex presidente del Gobierno popular-populista, José María Aznar, durante estos últimos días ha vuelto a estar de moda el debate sobre nuestro Estado autonómico. La discusión también ha tenido lugar en la Comunidad Autónoma de La Rioja, aunque los intervinientes en ella no se han mostrado demasiado críticos que digamos sobre los indudables defectos que tiene el también llamado Estado compuesto.

Ciertamente, los orígenes del actual Estado autonómico datan de la transición democrática y en particular de la Constitución Española de 1978 que abrió un proceso de descentralización territorial del poder que llega hasta nuestros días y que sigue abierto, a pesar de que el olvidadizo ex presidente arriba mencionado trató de cerrarlo durante su absolutista segunda legislatura. Infructuosamente. Al contrario, en 1983 sí que se terminó de dibujar el llamado mapa autonómico que establece las 17 CCAA actuales, aunque la igualación sustancial de competencias entre unas Comunidades y otras debió pasar por los Pactos Autonómicos de 1992 y por la reforma de sus estatutos, de forma que una CA como la nuestra no alcanzó unas competencias equiparables a las de las autonomías "históricas" (sic) hasta finales de los años noventa del siglo pasado.

Este carácter permanentemente abierto del proceso de descentralización territorial del poder es a no dudar uno de los más claros defectos del Estado autonómico, pero no el único: también se podría citar su carácter asimétrico, al menos en lo que se refiere a su componente fiscal, pues en este ámbito España está dividida grosso modo en dos tipos de CCAA: las forales y el resto, lo que ha generado constantes problemas para algunas de ellas, singularmente La Rioja y ha terminado estableciendo una especie de confederación entre el País Vasco y Navarra y las demás Comunidades.

Otro fallo es que dicha descentralización se haya parado en el nivel autónomico y en consecuencia no haya llegado a los entes locales, pues, más allá de declaraciones retóricas, la "segunda descentralización" nunca llegó a producirse, originándose la circunstancia de que las autonomías locales cargan con gastos que son competencia de las Comunidades Autónomas y que están cifrados aproximadamente en el 30% de los presupuestos globales de los Ayuntamientos de este país. Además, el hecho de que no se haya incidido de verdad en la "segunda descentralización" ha dado lugar a que no se haya utilizado a fondo una poderosa herramienta (indudablemente las otras armas son el europeísmo, el cosmopolitismo y el universalismo) como es la identidad local para luchar contra las dos clases de nacionalismos que como todos estos aldeanismos particularistas son enemigos ideológicos de la socialdemocracia: el nacionalismo españolista y los nacionalismos periféricos o de oposición. 

Es más, cuando ni tan siquiera se ha producido la "segunda descentralización" parece todavía más utópico hablar de una "tercera" que debería tener como protagonistas a los ciudadanos, los verdaderos soberanos de cualquier Estado democrático y no entelequias como el pueblo o la nación, y por ello auténticas entidades políticas que deberían poder acceder a su autogobierno y autodesarrollo solidarios.

También es clamoroso que a pesar de que prácticamente toda la doctrina política aboga por la reforma sustancial del Senado, esta cámara siga incólume a los vientos descentralizadores que han azotado a nuestro país desde 1978 y que siga siendo en esencia una cámara de doble lectura, supuestamente moderadora de las veleidades progresistas o radicales del Congreso de los Diputados.

Para concluir de una forma no conclusiva, seguramente podríamos citar más defectos de este Estado de las autonomías que en algunos sitios como La Rioja han terminado degenerando en auténticos neocacicatos, como si todavía estuviéramos viviendo en el por algunos añorado régimen de la Restauración de Cánovas y Sagasta de los años 1874-1923, y en los que los detentadores del poder siguen premiando como antaño a sus "amigos políticos" y castigando a los que no lo son. Nada nuevo bajo el sol.

Repensando la democracia

La historia de la democracia en España es tan corta en términos históricos que bien pudiera pensarse en el “gobierno del pueblo” como si de algo estático se tratara, como si después de una larguísima prehistoria no democrática previa a la II República, un paréntesis –dicho en términos figurados- interminable que tuvo su término casi cuarenta años después y la “restauración” de la democracia de los últimos treinta y cuatro -o treinta y cinco- años, hubiéramos llegado a una suerte de “punto final”, a un paraíso u oasis en el que vivir eternamente. Sin embargo, el “gobierno del pueblo” es algo dinámico, no estático, por lo que hay que estar repensándolo permanentemente, no vaya a ser que nuestra democracia se quede tan anquilosada como lo llegó a estar el viejo sistema liberal de la Restauración, cuya Constitución de 1876 sigue siendo la más longeva de la historia contemporánea de España, sí, pero también la más acartonada en su tracto final.

A nivel internacional se han ido planteando diferentes “modelos” de democracia posteriores al supuesto triunfo de la democracia liberal, la única y verdadera, tras la caída del Muro de Berlín (1989) y la implosión de la URSS (1991): desde la democracia deliberativa, hasta una variante de ésta que sería la autonomía democrática, por poner tan sólo dos ejemplos. Modelos, todos ellos, basados en los principios de racionalidad, moderación y ponderación de los ciudadanos, algo que desgraciadamente no siempre ocurre, tal y como se ha podido comprobar históricamente o como podemos ver un día sí y otro también.

Desde una perspectiva más casera, esto es, desde el ángulo del tensionado Estado-nación hispano, tensión que sufre tanto hacia arriba –Unión Europea y otros organismos internacionales– como hacia abajo –CCAA, ciudades y ciudadanos–, en los últimos años suele ser un tópico hablar de la partidocracia o “partitocracia”, lo cual, por una parte, puede ser peligroso –también históricamente la alternativa a los partidos políticos ha sido el partido único, bien fuera la Unión Patriótica de Miguel Primo de Rivera o FET y de las JONS del Caudillo y Generalísimo–, pero, por otra, incide en un aspecto sobre el que deberíamos reflexionar y que es la confusión que nos afecta muchas veces entre la militancia política y el partidismo, que considero que no es lo mismo. La cuestión es: ¿se puede estar afiliado a un partido político y no ser a la vez partidista? La respuesta tiene que ser afirmativa, pues el militante sigue siendo ciudadano, esto es, sigue aspirando a su autogobierno o autodesarrollo solidario, aparte de su condición profesional y privada. A partir de este razonamiento y de la antedicha propuesta de una democracia deliberativa, considero que ésta debería afectar no sólo a los ciudadanos y sus relaciones mutuas, sino también a sus representantes que deberían abandonar la política-espectáculo y tratar de abrazar el debate, la deliberación, el razonamiento lógico y la búsqueda de consensos a diferentes niveles. En caso contrario, continuará, e incluso se ampliará, el alejamiento del “pueblo” –más allá de lo que éste sea, que dejaremos para otro día– respecto a sus representantes y su aparente teatro del absurdo.

Rubalcaba o Rubalcaba

La última encuesta de Metroscopia publicada en el día de hoy por el diario El País arroja datos que nos permiten afirmar que hay esperanza para los socialdemócratas españoles, a pesar de la distancia en intención de voto existente todavía entre el PP y el PSOE y de que la opinión es notablemente voluble respecto a la intención existente hacia el Partido Socialista, pues los meses de noviembre, diciembre y enero dibujan unos auténticos dientes de sierra, que en este último mes vuelven a ser positivos en comparación con los horrorosos resultados de diciembre.

Así, una de las respuestas más significativas en esta clase de encuestas es la siguiente: si se celebrasen elecciones generales, ¿quién preferiría que las ganase? Pues bien, los encuestados están divididos prácticamente a partes iguales entre los que preferirían que ganase el PP y los que lo hiciera el PSOE: 38% vs. 37%.

Respecto a la valoración de la situación económica de España en la actualidad, la encuesta no refleja extrañamente cuál es la opinión de los encuestados sobre su propia situación económica, que suele ser bastante mejor que la que tienen de la de nuestro país en su conjunto. En este sentido, todavía se percibe que, aparte de razones objetivas, sigue habiendo una auténtica crisis de confianza entre nuestros conciudadanos, crisis alentada de forma demagógica y antipatriótica por la desleal oposición popular. No obstante, a partir de las respuestas a otras preguntas se percibe un cierto optimismo a corto plazo que, como es lógico, habrá que ver si se consolida o no en los próximos meses.

Otro dato positivo es la alta desaprobación del líder del PP, Mariano Rajoy, perdedor en las dos últimas elecciones generales (2004 y 2008). Rajoy es desaprobado por el 71% de los encuestados e inspira poca o ninguna confianza al 83% de los mismos. Sin embargo, lo más llamativo es que nada más y nada menos que el 55% de los votantes del PP tienen esta misma opinión. Además, se ha de hacer notar que Rajoy no tiene en estos momentos ninguna alternativa a nivel interno, como, por el contrario, sí que la tiene Rodríguez Zapatero. Éste es desaprobado también por un 68% de los encuestados e inspira poca o ninguna confianza al 80% de los mismos, entre los que sobresalen igualmente los votantes del PSOE, pues el 68% de éstos responden de la misma forma. Indudablemente, Zapatero es una suerte de "pato cojo" (o incluso algo más), como les ocurre a los presidentes de los EEUU en su segundo mandato. A mi modo de ver, Zapatero no debería volver a presentarse como candidato a presidente del Gobierno en las próximas elecciones generales. Y ello por dos razones poderosas, aparte de las ya señaladas y otras que se podrían traer a colación -sus convicciones personales, por ejemplo-: primera, porque está el precedente de Aznar que no es precisamente baladí y, segunda, porque la calidad de la democracia -el Santo Grial de nuestro sistema político- exige que su mandato sea sólo de ocho años como máximo, algo que por cierto debería aplicarse también el presidente perpetuo de nuestra CA que va ya para dieciséis años y aspira aún a estar otros cuatro más.

Como acabamos de señalar, Zapatero sí que tiene una clara alternativa: Alfredo Pérez Rubalcaba. Su gestión como superministro es aprobada por el 56% de los encuestados y su posible candidatura avalada por el 62% de los mismos (69% de los votantes del PSOE y ¡60%! de los del PP). Es más, si las elecciones se celebrasen en estos momentos y los candidatos fuesen Rubalcaba y el "no sabe, no contesta" Mariano Rajoy, el PSOE obtendría el 37,1% de los votos y el PP el 30,6.

En suma, no hay duda: sólo hay que elegir entre Rubalcaba y Rubalcaba. Zapatero ha pasado ya a lo que vulgarmente se denomina la historia y tan sólo queda que ambos elijan el momento del relevo. Por el bien de los candidatos autonómicos y locales, no debería anunciarse ni demasiado temprano ni muy tarde.

GA y la educación de calidad

Tras su diferida proclamación oficial como candidata a alcaldesa del Ayuntamiento de Logroño por el Partido Popular, la señora Gamarra, reconvertida al poco tiempo gracias a un anuncio en Gamarra Alcaldesa (GA en adelante para economizar espacio), anunció que entre sus balbuceantes primeras medidas figuraría el establecimiento de una “educación de calidad” en nuestra ciudad. Dada la gestión realizada por el Partido Popular en el Ayuntamiento de Logroño en este ámbito durante doce largos años y la política de oposición llevada a cabo en los últimos cuatro ejercicios por la misma formación política, habría que preguntarse en qué se podría traducir dicha educación de excelencia, por utilizar otro término tan del gusto popular.

¿Tal vez en la reedición de una política de guarderías o escuelas infantiles municipales como la que desarrollaron los alcaldes populares de los años 1995-2007? Recuérdese que su gestión se basó en dos grandes logros: cero euros de inversión y ninguna plaza nueva. Por el contrario, en tan sólo cuatro años el actual gobierno del PSOE y del PR ha invertido sin la ayuda de la administración competente en esta materia –el Gobierno de La Rioja– seis millones de euros en la ampliación de la única guardería municipal existente hasta hace poco, Chispita, que no por casualidad se debe a la iniciativa de otro gobierno socialista, el encabezado por Manolo Sainz, en la reapertura de Casa Cuna –cerrada durante los años de mandato popular– y en la construcción de las escuelas de El Arco y El Cubo. Además, el “bipartito”, como denominan desdeñosamente los populares al legítimo gobierno municipal de Logroño, va a crear nada más y nada menos que 400 plazas en las citadas guarderías municipales.

¿Tal vez en una política de “chiquibecas” –o ayudas de educación infantil– tan paupérrima como la desarrollada durante el mandato popular en el Ayuntamiento de Logroño? Recuérdese que durante los años 2004/2005 y 2005/2006 hubo listas de espera, lo que no ha sucedido durante los cuatro años de gestión del actual equipo de gobierno. No ha de olvidarse tampoco que las “chiquibecas” populares en su última legislatura fueron cuatro veces inferiores en número a las otorgadas por el actual equipo de gobierno y que el dinero invertido por las corporaciones populares fue unas tres veces inferior al que ha dedicado la actual corporación. Tampoco se ha de omitir que este equipo de gobierno incrementó las cuantías mensuales de las citadas “chiquibecas” en todos sus tramos y no sólo en el inferior como pretendía la oposición popular en el Ayuntamiento de Logroño.

¿Tal vez en una política de mantenimiento, inversiones y personal de los colegios públicos rayana en la nadería, como la que desarrollaron las corporaciones populares, en especial la última, de la que GA era destacada integrante? ¿Saben los ciudadanos logroñeses que durante los años 2003, 2004 y 2005, por poner un ejemplo, el gasto en inversiones en los colegios públicos de la capital riojana fue de cero euros en cada ejercicio? ¿O que, por citar otro, el gasto del Ayuntamiento en mantenimiento, inversiones y personal entre 2004 y 2007, es decir, durante la era popular, fue de casi 3 millones de euros menos que durante el actual mandato del PSOE y el PR?

En conclusión, la “educación de calidad” de GA es meramente declarativa o verbalista y no se corresponde con la gestión desarrollada por las corporaciones populares en doce años y en especial en su último mandato ni con la oposición llevada a cabo por GA desde 2007. Ciertamente, pasar de una política de confrontación demagógica y populista a otra propositiva no es nada sencillo, incluso para GA.