Ocho

La historia de la democracia en nuestro país es ciertamente corta. Sólo ha habido dos periodos propiamente democráticos: la II República y el régimen actual, es decir, un total de poco más de 40 años frente al resto del tiempo histórico, dominado por sistemas absolutistas, liberales pero no democráticos, dictatoriales, etc. Por ello, se puede llegar a pensar que la democracia se reduce a la transición de un régimen dictatorial a otro democrático y a su consolidación, omitiendo una especie de tercera fase, difícil de definir en términos temporales, que sería la de la mejora de su calidad.

Dentro de esta etapa, si es que lo es, uno de los aspectos cruciales a mi modo de ver debería ser el establecimiento de una limitación temporal a los distintos mandatos de los representantes de los ciudadanos. Como es bien sabido en los sistemas presidenciales, como es el caso de los Estados Unidos, el jefe del Estado sólo puede estar en el poder ocho años, mientras que en los sistemas parlamentarios -incluido el nuestro- no hay tales limitaciones. Pero deberían existir, porque paradójicamente los máximos dignatarios de los sistemas presidenciales tienen menos poder que los presidentes del gobierno de los sistemas supuestamente parlamentarios. Y más aún en el nuestro, en el que a lo largo de las últimas décadas se ha producido una clara concentración de poder en los presidentes del gobierno, rodeados además de un aura carismática que los hace casi imprescindibles. Tal vez por ello su salida del gobierno suele ser tan traumática, así como el papel que ejercen como ex presidentes que deja en líneas generales bastante que desear. Es el caso, por ejemplo, de Felipe González quien mostró lo peor de sí mismo entre 1996 y 2000 o el de Aznar que al frente de la FAES se dedica desde su salida del poder a pontificar sobre lo divino y lo humano.

No obstante, Aznar sí que hizo una cosa claramente positiva: limitar voluntariamente su mandato a ocho años, lo que desgraciadamente no fue seguido por el actual presidente del Gobierno de La Rioja, quien, pese a que afirmó que sólo estaría en el cargo un lapso de tiempo parecido a su líder, luego se lo pensó mejor como consecuencia de las presiones de su partido. De ahí que ahora lleve dieciséis años en el cargo y aspire a estar otros cuatro más. Veinte años. Dicho precedente es evidente que influirá en la decisión a tomar por José Luis Rodríguez Zapatero, aparte de lo que sean sus convicciones personales y las encuestas de opinión. Sin embargo, este tipo de decisiones no deberían dejarse en una democracia de calidad al arbitrio de la voluntad personal, sino que deberían estar tasadas legalmente. Lo contrario genera inseguridad entre los ciudadanos soberanos.

Pero, ¿cuál es el trasfondo ideológico del necesario establecimiento de una limitación de los mandatos a todos los niveles y en todos los cargos (presidencia del Gobierno, presidencia de las CCAA, alcaldías, etc.)? Pues, el principio de igualdad política. Según éste todos los ciudadanos soberanos son iguales entre sí, a pesar de que en términos meritocráticos sean dispares unos de otros. Sin embargo, si uno de estos ciudadanos, ungido para un cargo por la voluntad de las urnas, está más allá de un tiempo prudencial (ocho años sería la convención actual) en dicho puesto, ello querría decir que dicho ciudadano vale más que los demás, lo que es antagónico con el precepto que acabamos de mencionar. Además, ello evitaría o al menos paliaría que los citados representantes terminaran convirtiéndose en una especie de "dictadores electos", hecho que a su vez sería antagónico con una democracia de calidad.

En conclusión, nuestra democracia tiene que dar pasos decididos hacia una democracia de calidad, si no queremos que termine agostándose como consecuencia de la ausencia de reformas, pues los lectores han de tener muy presente que la historia no es irreversible y la democracia tampoco.